Condenados con hasta 34 años de cárcel 16 militares ecuatorianos por la desaparición forzada de cuatro menores

Un tribunal de Ecuador declaró culpables este lunes a 16 militares por la desaparición forzada de cuatro niños en el sur de Guayaquil. El fallo condenó a 11 militares a la pena máxima solicitada por la Fiscalía —34 años y ocho meses de prisión— como responsables directos del delito. Un uniformado, procesado en calidad de cómplice, fue absuelto. Otros cinco soldados recibieron condenas de 30 meses tras acogerse a la figura de cooperación eficaz. Sus testimonios permitieron reconstruir, pieza a pieza, lo ocurrido, en un contexto marcado por la desinformación, las amenazas del Gobierno contra la primera jueza que conoció el caso y una campaña de descrédito contra las víctimas.

Nehemías (15 años), Steven (11), Ismael (15) y Josué (14) fueron detenidos por los militares el 8 de diciembre de 2024. Las cámaras de videovigilancia de la ciudad registraron con crudeza la captura: los adolescentes fueron golpeados y arrastrados hasta camionetas militares antes de ser trasladados a Taura, una remota zona rural ubicada a más de una hora del lugar donde fueron vistos por última vez. El tribunal determinó que la patrulla incumplió el debido proceso al no entregar a los menores a la policía especializada en delitos de adolescentes, como exige la ley, y al acusarlos injustamente de robo. Además, estableció que los cuatro jóvenes fueron sometidos a torturas y tratos inhumanos y crueles.

Durante el juicio, el fiscal presentó pruebas que expusieron la crueldad del crimen: testimonios clave, un chat creado por los militares para coordinar un relato común, audios y un video que documentaron las torturas —golpes, amenazas e incluso disparos—. La Fiscalía sostuvo que ese material demostraba la intención deliberada de infligir daño a los menores.

Los cuerpos de las víctimas aparecieron calcinados el 24 de diciembre del año pasado, 16 días después de su detención. Un nuevo juicio busca responsables por los asesinatos.

En los exteriores de la sede judicial, familiares y vecinos aguardaban la resolución con fotografías de los cuatro niños y carteles con el lema “¡Ni perdón ni olvido!”. Entre ellos, la batucada afroecuatoriana que acompañó todas las manifestaciones del caso marcaba el pulso con sus tambores, mientras crecía la expectativa por la decisión de los jueces.

Medidas de reparación

La sentencia impuso una multa de 385.000 dólares y dispuso medidas de reparación y de no repetición. Entre ellas, el pago de 10.000 dólares por cada militar sentenciado a las familias de las víctimas. También ordenó que el Estado emita disculpas públicas a través de un medio de comunicación nacional y que se realice una ceremonia de desagravio en la Base Aérea de Taura, en la que se reconozca la responsabilidad del Estado y de la institución militar. En la entrada principal de la base se colocará una placa con los nombres de las víctimas.

Carteles de dos de los niños desaparecidos, en Guayaquil, este lunes.Vicente Gaibor Del Pino (REUTERS)

La sentencia establece, además, que los militares condenados deberán cursar un programa obligatorio de derechos humanos e intervención con población civil, incluidos niños, niñas, adolescentes y personas adultas mayores, con una carga mínima de 120 horas anuales, como garantía de no repetición. Los jueces también ordenaron la restitución del honor de las víctimas, acusadas falsamente de ser ladrones y miembros de bandas delictivas. Así lo explicó Fernando Bastias, abogado del Comité de Derechos Humanos de Guayaquil, a quienes aguardaban la resolución: “Los acusaron de cosas que no eran, y ahora el tribunal ha ordenado que se repare ese daño”.

El fallo instruye a los militares sentenciados y a la Fuerza Aérea Ecuatoriana a emitir un comunicado nacional —en medios y redes sociales— bajo el título “Rectificación y verdad del caso Malvinas”, en el que se aclare que las víctimas nunca fueron delincuentes ni pertenecieron a ningún grupo criminal, y se desmientan las afirmaciones falsas difundidas desde instituciones del Estado y ciertos sectores de los medios, precisó Bastias.

“Política de desapariciones forzadas”

Ese fue uno de los momentos de quiebre para quienes han acompañado el caso durante un año. La noticia conmovió a los asistentes; muchos no pudieron contener las lágrimas. A la indignación por la desaparición y muerte de los niños se sumaba el peso de la desinformación y la estigmatización sostenidas durante meses.

Aunque la sentencia esclarece aspectos centrales de la desaparición, el camino hacia la justicia completa sigue abierto. En relación con el asesinato de los menores, permanece otro proceso judicial que avanza lentamente. “Si bien los militares no pueden ser considerados penalmente responsables de la muerte, su participación en la desaparición forzada fue determinante en el desenlace fatal”, explicó Bastias. Para las familias de Ismael, Josué, Steven y Nehemías, aún queda un largo trayecto.

El caso ha permitido, según defensores de derechos humanos, visibilizar lo que podría constituir una política de desapariciones forzadas implementada en 2024, en el marco del conflicto armado interno declarado por el presidente Daniel Noboa tras una ola de atentados, incluida la toma de un canal de televisión. “Los padres de estos niños han abierto un camino que no es solo suyo —concluyó Bastias—, sino de todas las familias que han sufrido desapariciones forzadas en la costa ecuatoriana, para que también accedan a la verdad, la justicia y la reparación”.