Vox se había puesto el objetivo de ser el partido que más creciera en las elecciones extremeñas de este domingo y lo ha logrado con creces, ya que ha conseguido duplicar de sobra el número de escaños que obtuvo en 2023 (de cinco a 11) y el porcentaje de votos (de 8% a 17%). Los resultados superan las mejores expectativas del partido ultra, cuyo objetivo estaba en acercarse a los 10 diputados. La formación de Santiago Abascal ha igualado su mejor marca histórica en Extremadura, que obtuvo en las generales de noviembre de 2019, pero en unas elecciones autonómicas, que les son menos favorables, ya que ni siquiera cree en el Estado de las Autonomías, y con un candidato casi desconocido.
Lo más importante, sin embargo, es que la presidenta extremeña, la popular María Guardiola, se ha quedado lejos de la mayoría absoluta, por lo que no solo no ha conseguido romper su dependencia del grupo ultra, como pretendía cuando decidió anticipar las elecciones, sino que este ha incrementado notablemente su peso y puede presionarle con más fuerza que antes para conseguir doblegarla.
Fuentes de Vox dan por sentado que, si quiere seguir gobernando, la candidata del PP no solo tendrá que aceptar las condiciones que le puso para aprobar los presupuestos autonómicos y que ella rechazó sin negociarlas, sino que ahora, reforzado por su éxito electoral, elevará la apuesta en temas como el rechazo al Pacto Verde Europeo, la negativa a admitir inmigrantes irregulares o la preferencia de los nativos a la hora de acceder a las ayudas sociales, en línea con las cesiones que ha tenido que hacer su homólogo valenciano, el popular Juanfran Pérez Llorca. Además, pondrá sobre la mesa otros asuntos de impacto local, como la prórroga de la central nuclear de Almaraz ―una población donde Vox ha sido la segunda fuerza más votada, con el 23,3% de los votos― aunque su continuidad no sea competencia del Gobierno autonómico; o la puesta en marcha del plan de regadíos de Tierra de Barros, pese a que su financiación no cuenta con la luz verde de Bruselas.
En cambio, Vox ha mostrado escaso interés por entrar en el Gobierno extremeño en coalición con el PP. Ya lo hizo en 2023 ―al igual que en Castilla y León, Aragón, Comunidad Valenciana y Murcia— y dio la espantada un año después, tras comprobar que formar parte de un Ejecutivo en minoría solo le acarreaba un fuerte desgaste. Los de Abascal son conscientes, además, de que Guardiola puede ser investida presidenta en segunda votación con la abstención de los diputados de Vox ―votar no, junto a la izquierda, y propiciar una repetición electoral es un escenario que por ahora no se contempla―, por lo que la verdadera negociación podría posponerse hasta que se presenten los nuevos presupuestos de la comunidad.
Aunque Abascal tiene una cuenta pendiente con Guardiola ―ya que esta fue la presidenta autonómica que más se resistió a la entrada de Vox en un gobierno autonómico en 2003 y luego fichó a un consejero díscolo del partido ultra cuando esté rompió la coalición― no ha vuelto a insistir en el órdago que lanzó durante la campaña, cuando insinuó que el PP debería cambiar de candidata si quería su apoyo.
A Vox le ha salido muy bien una estrategia altamente arriesgada: presentar a un candidato casi desconocido, incluso en su propia tierra, y centrar su campaña en el líder nacional del partido, como si se tratara de unas elecciones generales. En las últimas semanas, Abascal no ha salido de la región, donde ha protagonizado una docena de mítines, repitiendo visita en sus principales localidades, y no se ha separado a sol ni a sombra del cabeza de lista de su partido, Óscar Fernández Calle. No solo en los actos públicos, sino en los cárteles electorales, en los que aparecía siempre a su lado, hasta el punto de que se podía creer que Abascal era el verdadero candidato a presidir la Junta.
Sin embargo, en la noche grande, la del recuento de votos, el líder de Vox ha sido el gran ausente. Ha dejado solo por primera vez a su representante en Extremadura y ha preferido seguir los resultados desde la sede nacional de su partido en la madrileña calle Bambú. Según fuentes del partido, para no restar protagonismo a Fernández Calle, pese a haberlo eclipsado durante toda la campaña. Tras protagonizar el mitin de cierre, el pasado viernes, Abascal se marchó a Madrid, consciente de que si Guardiola quiere su apoyo será ella la que tenga que dar el primer paso para llamarle.
Pasadas las ocho de la tarde, Fernández Calle ha llegado al Parador Nacional de Mérida, donde Vox había instalado su cuartel general, acompañado por el portavoz nacional, José Antonio Fúster, que no forma parte del núcleo dirigente de la formación, por su único diputado en el Congreso por Extremadura, Ignacio Hoces, y sus parlamentarios autonómicos. Este lunes está previsto que ofrezca una rueda de prensa en Madrid el secretario general, Ignacio Garriga.
Desde que Macarena Olona, una mujer de carácter fuerte y personalidad arrolladora, se estrelló en las elecciones andaluzas de 2022, Vox ha optado por perfiles grises al frente de sus listas, convencido de que los candidatos territoriales no le aportan valor añadido y pueden traer problemas, como pasó con Olona cuando se rebeló contra las imposiciones de la dirección nacional, y que lo que vende es la marca del partido y la imagen de Abascal.
En Extremadura, Abascal optó por un candidato casi desconocido incluso para los extremeños, su portavoz en la Asamblea autonómica, descartando a Ángel Pelayo Gordillo, que encabezó la lista de Vox en las anteriores elecciones y que tuvo un fugaz estrellato en octubre pasado cuando interrogó al presidente Pedro Sánchez en la comisión de investigación sobre el caso Koldo promovida por el PP en el Senado. Eso sí, en su pueblo natal, Casas de Castañar (Cáceres), Fernández obtuvo casi el 25% de los votos, aunque quedara por detrás del PP y el PSOE.
Abascal no quería estas elecciones. Al menos, eso predicaba. Las calificó de dispendio inútil y acusó a Guardiola de haberlas convocado por “soberbia”; es decir, por no pagar la factura que Vox le exigía para aprobar los presupuestos autonómicos. Ahora le pasará al cobro la factura que le presentó antes de que decidiera disolver la asamblea extremeña para no pagarla, pero con intereses de demora.

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